(el aborto libre en España)
Los decapitan, les succionan la masa cerebral, les inyectan líquidos letales y, tras descuartizarlos, introducen sus despojos en una trituradora conectada a los desagües y esa vida arrasada bárbaramente queda sin rastro. Así se practican abortos en unas clínicas de Barcelona a criaturas prácticamente a término -siete y ocho meses de gestación- y a otras cuyo derecho a vivir, aun no siendo viables fuera del claustro materno, está amparado por el artículo 15 de la Constitución española y por una ley natural inderogable y de vigencia universal.
En España -hay que afirmarlo desde el más básico conocimiento jurídico- abortar es delito. La ley de 1985 sólo -y ya es demasiado- despenalizó unos determinados supuestos. El tercero de ellos -riesgo real para la vida o la salud de la embarazada- ampara más del 97 por ciento de los abortos que se practican. Es obvio que se trata de un fraude de ley de proporciones incalculables y que, de hecho, está permitiendo que Cataluña en particular y España en general se hayan convertido en un macabro paraíso abortista al que acuden en sangrienta peregrinación miles de extranjeras en cuyos países de origen las leyes no son -como aquí ocurre- meros ornamentos legislativos.
Como bien recordaba el pasado viernes un lector de ABC, Julián Marías consideró la aceptación social del aborto como «el máximo desprecio de la vida humana en toda la historia conocida, y a la vez la negación de la condición personal». Así es. Una destructiva mentalidad sedicentemente liberal y progresista está usurpando el inicio de la vida y su final -mediante el aborto y la eutanasia activa- a sus propios titulares, imponiendo una abominable cultura de la muerte. Ni existe un derecho de la mujer a su propio cuerpo para deshacerse de la vida que ella en un acto voluntario -sea o no imprudente, esa es otra cuestión- ha creado, ni tampoco se da facultad por parte de nadie para acortar de manera activa la vida de un enfermo o de un anciano aunque la esperanza de supervivencia haya desaparecido o resulte del todo improbable. Hay tramos de la existencia -la inicial y la terminal- a los que hay que aproximarse con un respeto ignífugo frente a las llamaradas insensibles que para, hipócritamente, superar la barbarie silenciosa descubierta ahora en Barcelona proponen una nueva ley de plazos que nos conduciría, ya sin eufemismos, a un sistema de aborto libre.
La circunloquialmente denominada «interrupción voluntaria del embarazo» es, hoy por hoy, o sigue siéndolo, motivo de abierto debate en todas las sociedades conscientes de la necesidad de preservar determinados valores cívicos. No es una estratagema «conservadora», como con manifiesta indigencia ética se trata de relativizar este asunto; tampoco la oposición al aborto es una imposición moral de carácter confesional -en este caso del catolicismo y, en general, del cristianismo-, y mucho menos se trata de una incomprensión inhumana hacia muchos dramas personales y familiares que conducen a mujeres indefensas, engañadas, solas y abandonadas a esas clínicas de exterminio. Lo que se dilucida con el debate sobre el aborto es el modelo de sociedad y de convivencia que queremos construir; cuáles son los valores que debemos proteger mediante leyes justas y morales y qué medidas deben adoptarse para que el aborto no se convierta -como ahora ocurre- en una brutalidad de perfiles tan repugnantes que muchos medios de comunicación y la mayoría de los ciudadanos prefieren eludir para no enfrentarse a esa realidad que desafía a la conciencia colectiva.
Nada de lo que estamos conociendo tiene sentido social ni moral cuando existen medios anticonceptivos no abortivos para evitar la fecundación y cuando en España se mantiene una demanda abundante y constante de adopciones. Habrá, pues, que informar masivamente para evitar los embarazos indeseados y ofrecer métodos de barrera -desde luego nunca abortivos- cuyo coste sea mínimo o, a ser posible, gratuito. Y habrá que reconducir las peticiones de adopción, ahora dirigidas a terceros países, para facilitarla en España, aunque ello conlleve circunstancias emocionalmente más duras para la madre biológica y los padres adoptivos. Y habrá que invertir cuanto dinero sea necesario en una y otra iniciativa para evitar la lacra del aborto libre que -se admita o no- se ha instalado al amparo de un supuesto de despenalización que se ha comportado como cobertura para perpetrar demasiados desafueros.
Y habrá que aplicar la ley, lo que ahora no se hace. Hacerlo corresponde al Estado y, en particular, a los tribunales, que requieren de la alerta permanente de las fuerzas y los cuerpos de seguridad -tanto centrales como autonómicos-, pero también de los colectivos implicados, especialmente el de los médicos, que con aplastante mayoría se comportan conforme a las exigencias de su juramento hipocrático y se amparan masivamente en la objeción de conciencia. La práctica del aborto se ha convertido, además, no sólo en una inmoralidad ontológica, sino también en un pingüe negocio. En las clínicas de exterminio desmanteladas en Barcelona, la tarifa que habían de abonar las embarazadas por deshacerse de su criatura aumentaba al mismo ritmo que el tiempo de gestación: feto de seis meses, seis mil euros; de siete meses, siete mil euros; y de ocho meses -sí, de ocho meses-, ocho mil euros. Se calculaba, al parecer, el trabajo de la trituradora y, seguramente, el esfuerzo del verdugo cuando decapitaba a su víctima. Verdaderamente repugnante. Y sorprendente que la finísima piel de tantos colectivos cívicos se motee con urticarias por atentados ecológicos, culturales o sexuales y, en cambio, su epidermis parezca paquidérmica cuando ahí al lado, en la zona alta de la Ciudad Condal, y en tantas otras, se perpetra una barbarie que requeriría de un Truman Capote redivivo para relatarla con el énfasis de su legendario «A sangre fría».
No recurramos como paliativo a esta imperturbabilidad mediática y social ante estos crímenes a la perplejidad que causan o la atribución del ánimo escandalizado a una pulsión confesional. No hablamos de creencias -que también vendrían al caso-, sino de decencias; no hablamos de moral religiosa, sino de conciencia cívica; no escapemos de este macabro asunto por el portillo del drama personal de las embarazadas que abortan, porque de lo que estamos hablando es de los carniceros que las explotan y de la inacción con la que se olvida a las madres y la impunidad con la que actúan los victimarios.
España -recordaba en estas páginas el Secretario de Estado del Vaticano, Tarsicio Bertone, hace unas semanas- ha sido un «faro de civilidad» por los valores que, como sociedad, ha sabido proteger y aprehender en su convivencia. Los estamos perdiendo a una velocidad suicida y necesitamos una reposición de nuestra identidad colectiva con más urgencia que nunca. El vanguardismo relativista y permisivo en que en estos años nos hemos enfangado no sólo merma nuestro crédito de solvencia común, sino que, además, nos comienza a restar autoestima. Los crímenes abortistas de Barcelona tendrían que constituir un aldabonazo en la conciencia social porque la brutalidad y vesania de esos carniceros no deja de ser un signo del despiadado momento en el que discurre nuestro convivir.
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS
9-12-2007